El degrado de la base natural es nuestro pan de cada día, una reflexión a las políticas ambientales del país.

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Por: Rojo edición digital de Espacio Pv.

Una realidad que aqueja a nuestros tiempos es, el menoscabo de la base natural, aquella donde se asienta la vida, el ser humano constantemente realiza un mal aprovechamiento de los recursos naturales preocupándose solamente por satisfacer sus deseos en lugar de sus necesidades.

“Lograr un crecimiento económico que conserve y enriquezca en vez de destruir las bases naturales en las que inevitablemente se asienta la actividad humana, constituye un parámetro y objetivo esencial de una estrategia consistente de desarrollo sustentable, que es imperativo de nuestro tiempo” (Calva, 2007).

Dicho lo anterior es de relevancia mencionar que para que un país, logre metas a favor de la conservación de los recursos y la generación de un medio ambiente sano para el desarrollo, salud y bienestar de sus ciudadanos será esencial la formulación, conducción y ejecución de políticas ambientales para la obtención de dicho resultado.

México además de ser un país con una biodiversidad increíble es un pilar en la política ambiental a nivel mundial, las leyes ambientales en México están formuladas de una forma en la que las estrategias de conservación por parte del gobierno podrían ser básicamente perfectas.

Desgraciadamente y como en muchos otros sectores de la gobernanza, dichas leyes no son ejecutadas de forma eficaz.

El estado tiene la obligatoriedad de hacerlas cumplir y que la obtención de recursos para el beneficio del país y los acuerdos externos referente al aprovechamiento y extracción de estos beneficien en lugar de perjudicar el patrimonio natural de los mexicanos.

Por lo anterior, es que resulta de capital relevancia considerar la linealidad en la proyección de metas conjuntas y complementarias entre los tres niveles de gobierno resaltando la consecución de objetivos comunes diseñados y establecidos bajo carácter de leyes por el máximo órgano regulador siendo este la federación, lo que sugiere un carácter de obligatoriedad tanto para los gobernantes como los gobernados.

La federación, el estado y los municipios deben ejercer una linealidad congruente, un trabajo en equipo para mostrar resultados en pro del ambiente acorde a los objetivos marcados a nivel mundial en los cuales México permanece presente, porque a estas alturas pese a todo el conocimiento existente pareciera que el cumplimiento de la ley resulta ser de manera voluntaria en lugar de obligatoria.

Esto genera problemas ambientales graves, contaminación por parte de empresas nacionales e internacionales, desequilibrio ecológico y un mal manejo de los recursos, pero éste escenario no existe solo en México sino a nivel mundial, porque desgraciadamente aún en la actualidad con la cantidad de información científica presente el modelo económico sigue centrándose en “crecer primero y limpiar después”.

Algo que nos tiene que quedar bien claro a todos, es que la sociedad puede aportar su granito de arena para reducir, para reciclar, rehusar e incluso realizar acciones que van más allá de sus actividades del día a día, reforestaciones, proyectos como una sociedad civil organizada, crítica y con una proyección mayor para conservar y aprovechar de la mejor manera los recursos. Pero difícilmente estas acciones tendrán una reacción de alto impacto, si el gobierno por su parte no ejecuta las acciones inscritas en sus leyes ambientales y éstas sean de aplicabilidad obligatoria para el bien de los recursos y sus gobernados.

Resulta indiscutible que el tema de la sostenibilidad debe dejar de ser el maquillaje en los discursos presidenciales, pues el uso y aprovechamiento sostenible de la base natural no debería ser opcional.

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