¿Es México un pilar en política ambiental?

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México estimados lectores, es un país relativamente joven, la conquista en nuestro país ocurrió hace apenas quinientos y tantos años, nuestra independencia hace doscientos y tantos, y la revolución tiene poco más de cien años, por ende, esto nos obliga a pensar que en sí, las reformas, las leyes, los reglamentos y demás, comienzan a tomar un camino hacia su ejecución real, a partir del siglo XX e inicios del XXI, y no es que quiera menospreciar su ejecución antes de los siglos comentados con anterioridad, pero un país sometido a tantos problemas geopolíticos, guerras civiles, dictaduras de treinta y tantos años y otras de más de setenta disfrazadas de democracia, no vuelven sencilla la ejecución de las leyes para el bien de los gobernados, y menos, en el eje ambiental, y a continuación les comento el por qué.

Hasta antes de los años 70, México no contaba con la ejecución de acciones ni la elaboración de una legislación que se preocupara por proteger el patrimonio natural de la nación, pese a que ya existían indicios de degradación ambiental en nuestro país. Y es que, no fue hasta el año 1971 cuando se expide la primer ley que vela por los intereses ecológicos del país llamada: “ Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación”. Así es estimados lectores, México tiene apenas 5 décadas con una legislación ambiental, y esas mismas 5 décadas con instituciones encargadas de llevar a cabo su ejecución. A continuación, les dejo un breve resumen de la legislación ambiental del país vía el Instituto Nacional de Ecología y de Cambio Climático.

En 1973, en el Código Sanitario se incorporó un capítulo denominado Saneamiento del Ambiente, y se expidieron reglamentos para control de la contaminación atmosférica por humos y polvos, de la contaminación de agua, de la contaminación del mar por desechos y otros ordenamientos que directa o indirectamente se relacionaban con el control de la contaminación industrial.

• En 1982, la Ley Federal de Protección al Ambiente tenía un enfoque más amplio de protección ambiental, ya que hasta ese momento la problemática era vista como un problema de salubridad general y por lo mismo, otras disposiciones legales tendientes a su solución se encontraban en ordenamientos como el Código Sanitario.

• En 1983 se propone que simultáneamente a la expedición de la Ley General de Salud, se reformaran y adicionaran diversos artículos a la Ley Federal de Protección al Ambiente para que este ordenamiento contemplara normas, principios y demás preceptos legales relativos a la conservación, protección, restauración y mejoramiento del ambiente, guardando congruencia con la legislación en materia de salubridad.

• En 1988 se aprueba la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), y se expidieron reglamentos en materia de impacto ambiental, residuos peligrosos, prevención y control de la contaminación atmosférica, prevención y control de la contaminación generada por los vehículos automotores que circulan en el Distrito Federal y los municipios de la zona conurbada.

• En 1996, la experiencia acumulada en casi ocho años de vigencia de la LGEEPA así como nuevas demandas de la sociedad, hicieron necesario incorporar modificaciones en dicho ordenamiento, incluyendo grandes innovaciones orientadas a diversos propósitos, entre los que destacan:

– El establecimiento de un proceso de descentralización ordenado, efectivo y gradual de la administración, ejecución y vigilancia ambiental, para obtener mayor participación de las autoridades locales.

– La ampliación de los márgenes legales de participación ciudadana en la administración ambiental, a través de mecanismos como la denuncia popular, el acceso a la información ambiental y la posibilidad de impugnar por medios jurídicos los actos que dañen al ambiente en contravención a la normatividad vigente.

– La incorporación de instrumentos económicos de administración ambiental, al igual que figuras jurídicas de cumplimiento voluntario de la Ley, como las Auditorías Ambientales.

– El fortalecimiento y enriquecimiento de los instrumentos de política ambiental para que cumplan eficazmente con su finalidad.

Y si bien estimados lectores, México continúa firmando tratados, creando leyes e instituciones que velen por los recursos naturales para asegurar un ambiente sano para el desarrollo, salud y bienestar de los gobernados, en palabras de Gutiérrez-Nájera, (1996) es necesario parar la formulación de las mismas, ya que, la evaluación de su efectividad se ve rezagada al pasar de los años por la elaboración de estas, por lo que evaluar la eficacia de las normas ambientales, su desarrollo e incorporación, es esencial para continuar avanzando al camino de la sustentabilidad en el país.

Nuestras leyes son firmes, son reaccionarias, son pilar en política ambiental a nivel internacional, nuestros gobiernos se han encargado de adentrarse a cuantos protocolos han sido generados, las leyes han bajado a los estados y se han vuelto reglamentos en los municipios, pero desgraciadamente, esto, no ha sido más que un discurso propio de la clase política en el país para disfrazar la poca preocupación existente en conservar el patrimonio natural para las futuras generaciones, la poca preocupación por trazar un sendero a la sustentabilidad, al buen manejo y aprovechamiento de nuestros recursos naturales, es decir, las leyes, los reglamentos, los protocolos y demás, han sido en muchos de los casos el disfraz de campaña para algunos discursos de los actores políticos en el país.

No existe una verdadera coadyuvancia de acciones entre las instituciones educativas y de investigación que generan el conocimiento, ni una mancuerna entre la sociedad y el gobierno para ejecutar las leyes existentes, y de igual forma, no existe una capacidad humana instalada suficiente en dichas instituciones para asegurar que las leyes formuladas se accionen como deberían, eso sin mencionar la falta de linealidad y congruencia existente entre los diferentes niveles de gobierno.

Y es que, como lo menciona Alejandro Guevara Sanginés, (2005) en su análisis “Política ambiental en México: génesis, desarrollo y perspectivas” la falta de eficacia de las acciones ambientales puede explicarse no sólo por la falta de un presupuesto adecuado, sino por la casi nula permeabilidad de los criterios ambientales en las políticas del resto de los sectores, ya que dicha operación continúa persiguiendo fomentar la producción sin una consideración escrupulosa de las consecuencias que ello acarrea al medio natural, y por ende, a la salud de los ecosistemas y en última instancia, de las personas.

México ya tiene las leyes, pero lo que necesita es su accionar, su actualización de forma progresista, y su evaluación consciente, ya que, la efectividad de las mismas no podrá conocerse a ciencia cierta, si continuamos únicamente expidiendo marcos normativos con la finalidad de aparentar estar a la altura de las demandas internacionales para parar la crisis ambiental existente en el planeta.

Y es que sí de verdad como país queremos parar está crisis ambiental presente en todos los países, será necesaria la coordinación de políticas ambientales, en concordancia a los acuerdos internacionales, buscando su unión a la innovación social y tecnológica.

Nos urge un gobierno preocupado por garantizar la permanencia de la especie humana y las demás formas de vida existentes en el planeta, donde los intereses económicos se ajusten a los intereses por la conservación de la base natural.

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