Lo que sabemos del caso Ayotzinapa

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Por Anahi Rocha, edición digital de Espacio Pv.

La versión oficial está a poco tiempo de ser sólo una historia fabricada, aquella que dice que 43 estudiantes de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, desaparecieron entre la noche del 26 y las primeras horas del 27 de septiembre de 2014, en la calle Juan N. Álvarez, según esta versión los estudiantes iban a una manifestación y fueron atacados por oficiales de policía corruptos. Dicha “verdad histórica” actualmente se encuentra bajo investigación después de determinar que se manipularon las pruebas y escenas del crimen.

La periodista Anabel Hernández, señala a los funcionarios públicos: Humberto Castillejos Cervantes entonces miembro del gabinete de Enrique Peña Nieto, en la procuraduría General; y a Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, como parte de los actores intelectuales del caso Ayotzinapa. Además señala como los principales actores al XXVII Batallón del Ejército Mexicano y una organización criminal de nombre aún no revelado, pero que no es Guerreros Unidos como indican las versiones oficiales.

Los restos de Alexander Mora, uno de los estudiantes fueron sembrados en el río San Juan por las propias autoridades, hecho del que el Ex Presidente Enrique Peña Nieto estaba al tanto, las pruebas que indicaban que los restos de Alexander Mora se encontraban en el río San Juan fueron pieza fundamental en el cierre del caso, también tuvo importancia la entrevista que brindo un integrante del grupo criminal Guerreros Unidos, donde relataba los hechos: el levantamiento de los estudiantes y posteriormente su incineración, acontecimientos que Anabel Hernández niega hubiesen ocurrido, pues su investigación la llevó a descubrir que la versión oficial se trataba de un montaje, ya que la entrevista brindada por el integrante de Guerreros Unidos fue dada después de haber sido brutalmente torturado y privado ilegalmente de su libertad, la confesión era sólo una actuación delante de las cámaras para desviar y posteriormente culminar con la investigación.

Posteriormente, la visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR) dictaminaba que el hallazgo es una manipulación y que debe investigarse cómo llegaron los restos del joven estudiante al río San Juan después de ser incinerados en el basurero de Cocula, pues ya se había comprobado la siembra de pruebas y tortura de testigos clave. Además de que los estudiantes sobrevivientes siempre mencionaron la presencia del Ejercito Militar en la calle Juan N. Álvarez y narraron que los propios integrantes del batallón abrieron fuego en contra de los dos autobuses “estrella de oro” anteriormente secuestrados por los estudiantes.

En las últimas horas los gobiernos de México y Canadá trabajan en conjunto para extraditar a Tomas Zerón después de casi 6 años de la desaparición de los 43 estudiantes.

La versión no oficial afirma que los estudiantes tomaron dos autobuses “estrella de oro” el 22 de septiembre, el cual iba cargado de heroína sin que los normalistas estuvieran enterados. Días después, el 26 de Septiembre de 2014 tomaron dos autobuses más, para dirigirse a Iguala, con un total de 4 autobuses tomados ilegalmente y uno más en el que iban a bordo los miembros del equipo de futbol “Los avispones negros”, teniendo ahora 5 autobuses clave, en donde viajaban un aproximado de 120 jóvenes.

Desde el día 22 de Septiembre, la policía estatal junto con el ejército mexicano y el grupo criminal se encontraban planeando la intercepción de los dos autobuses que transportaban la carga de drogas. Finalmente el 26 de septiembre interceptaron en la calle Juan N. Álvarez a uno de los autobuses, y otro  frente al palacio de justicia. Los jóvenes fueron detenidos por medio de gritos y balazos, dejando cientos de agujeros de bala a las dos unidades, posteriormente en la investigación se determinó que sólo 6 de los cientos de casquillos encontrados en la escena del crimen pertenecían a la policía municipal, y muchos otros eran de uso exclusivo del ejército, quien afirmó que sus cartuchos no podían ser vendidos a particulares, tampoco habían tenido bajas ni robos en todo el tiempo que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha producido cartuchos y armas para su uso exclusivo.

Las armas del XXVII Batallón nunca fueron peritadas, hubo una petición por parte de la Fiscalía de Guerrero de entregar grabaciones de circuito privado, al igual que las armas que portaban esa noche, así como los nombres de todos los miembros activos en esa noche y las  primeras horas del día siguiente, hechos que fueron ignorados por las autoridades, y posteriormente olvidados cuando la investigación se traslado a la Fiscalía General a cargo de Castillejos y Tomás Zerón.

El objetivo era recuperar los dos autobuses que transportaban la carga ilegal, se desconocía si los jóvenes sabían o no lo que estaban transportando. Fue hasta el  momento de subir a los autobuses y trasladar la carga, cuando los estudiantes se percataron de los intereses de las autoridades, lo que los convirtió en un cabo suelto y testigos del vínculo que el ejército mexicano tenía con el crimen organizado. Ese fue el motivo que los llevo a la desaparición.

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